Lyft acepta pagar $272.5 millones para resolver demanda por clasificación de conductores
La empresa de transporte compartido Lyft ha acordado pagar 272.5 millones de dólares para resolver una demanda que la acusa de violar la ley de California al clasificar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados. Esta solución permite a la compañía evitar los altos costos y distracciones asociados con un litigio prolongado, según informó en un documento regulatorio.
El acuerdo surge de una demanda presentada en agosto de 2020 por la Oficina del Comisionado del Trabajo de California, que acusaba a Lyft de no cumplir con las normas estatales que exigían que los conductores fueran considerados empleados. Durante ese periodo, los trabajadores no recibían el salario mínimo ni beneficios como permisos pagados o horas extras, lo cual era obligatorio para empleados según la legislación vigente.
Según Lilia García-Brower, comisionada del Labor Commissioner de California, este acuerdo representa un avance significativo gracias a la valentía de los trabajadores que denunciaron las condiciones laborales. La oficina del comisionado renunciará a su parte del dinero del acuerdo para destinarlo directamente a los conductores que presentaron reclamaciones por salarios adeudados.
Aunque aún debe ser aprobado por un juez, el acuerdo cubre supuestas violaciones desde el 6 de abril de 2016 hasta el 15 de diciembre de 2020. Este periodo fue crucial, ya que California estaba revisando cómo se debían clasificar los trabajadores en la economía de los gigs, que había experimentado un crecimiento explosivo.
Actualmente, los conductores de servicios como Lyft y Uber son clasificados como contratistas independientes tras la aprobación de la medida de ballotaje Proposition 22 en 2020. Esta iniciativa permitió a estas empresas mantener su modelo actual, evitando aplicar la Ley de Asamblea 5 (AB 5), que obligaba a compañías como DoorDash, Lyft y Uber a considerar a los trabajadores de la economía digital como empleados.
A pesar de la entrada en vigor de AB 5, empresas como Lyft, Uber y otras continuaron clasificando a sus trabajadores como contratistas. Esta práctica generó múltiples acciones legales, incluyendo demandas presentadas por la Oficina del Comisionado del Trabajo, el Fiscal General de California y los fiscales municipales de ciudades como Los Ángeles, San Diego y San Francisco.
Las demandas fueron coordinadas en el Tribunal Superior de San Francisco en septiembre de 2021. Aunque este acuerdo pone fin a la controversia legal para Lyft, Uber sigue enfrentando una demanda similar presentada por la misma oficina del comisionado del trabajo.
El acuerdo refleja el creciente debate sobre el futuro del trabajo en la economía digital. Las leyes en California han intentado equilibrar la flexibilidad de los modelos de trabajo basados en plataformas con los derechos laborales tradicionales, un tema que continúa generando controversias en todo el país.
Para Lyft, el acuerdo representa una forma de cerrar un capítulo legal difícil y permitir que la empresa se concentre en su estrategia de negocio. Sin embargo, también subraya la necesidad de una regulación clara y justa en el sector de los trabajos digitales, especialmente en un contexto donde el modelo de contratación está cambiando rápidamente.
La decisión de Lyft puede influir en futuras decisiones de otras empresas tecnológicas que operan en el espacio de los servicios de transporte compartido, ya que el caso establece un precedente importante en la interpretación de las leyes laborales en el entorno digital.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: TechCrunch