Propuesta republicana busca obligar a ISP y DNS a bloquear sitios piratas
El congresista republicano Darrell Issa (California) ha presentado una nueva ley que exigiría a proveedores de servicios de internet, operadores de DNS y redes privadas virtuales (VPNs) bloquear sitios web dedicados a la piratería. Esta iniciativa, denominada «American Copyright Protection Act of 2026», busca facilitar el proceso judicial para que los titulares de derechos de autor puedan solicitar órdenes de bloqueo contra sitios extranjeros que distribuyan contenido protegido.
Issa, quien se retira del Congreso al finalizar este año, es la última figura política en proponer un sistema de bloqueo de sitios web dentro del marco de la lucha contra la piratería digital. Su propuesta sigue a una serie de esfuerzos legislativos por parte tanto de legisladores republicanos como demócratas, impulsados principalmente por la Asociación de Productores Cinematográficos (MPA).
En una audiencia celebrada el 30 de junio, Issa indicó que planeaba presentar esta ley, argumentando que el sistema actual de eliminación de contenidos infractores mediante el proceso de notificación y retirada establecido por la Ley de Derechos de Autor Digital (DMCA) no es suficientemente rápido. «¿Podemos hacerlo a la velocidad del sonido? ¿Y a la velocidad de la luz?» preguntó Issa, destacando la necesidad de actuar con mayor rapidez frente a la distribución de contenido pirateado durante transmisiones deportivas en vivo.
El legislador sostuvo que la piratería no solo afecta económicamente a los creadores, sino que también contribuye al financiamiento de grupos terroristas y redes criminales. Para él, la solución pasa por un sistema más eficiente de bloqueo de sitios, que permita evitar que estos contenedores de contenido ilegal generen ganancias significativas.
La propuesta ha generado fuerte oposición por parte de organizaciones de defensa de los derechos digitales. Meredith Rose, directora de políticas en Public Knowledge, criticó la iniciativa, señalando que representa un modelo de censura generalizada que podría afectar a pequeñas empresas y usuarios comunes. «En lugar de perseguir a quienes operan estos sitios en el extranjero, el Congreso y sus aliados en la industria del entretenimiento han decidido construir una infraestructura de censura masiva», dijo Rose.
Según la propuesta, las órdenes de bloqueo serían aplicables a proveedores de internet, servicios de resolución de nombres de dominio (DNS) y redes VPN que posean al menos 100,000 usuarios o suscriptores en Estados Unidos. Sin embargo, se excluirían de esta obligación los operadores de servidores raíz y registros de dominios de nivel superior. También se exceptúan redes Wi-Fi ubicadas en aeropuertos, bibliotecas, restaurantes y otros espacios públicos similares.
La iniciativa fue remitida al Comité de Justicia de la Cámara de Representantes, donde Issa preside una subcomisión dedicada a temas relacionados con tribunales, propiedad intelectual, inteligencia artificial e internet. Aunque aún no se ha publicado el texto completo de la ley en el sitio oficial del Congreso, organizaciones como Public Knowledge han compartido una copia preliminar de la propuesta.
El proyecto establece que los tribunales podrán emitir órdenes de bloqueo contra plataformas que hayan sido acusadas de infringir derechos de autor, sin necesidad de demostrar su responsabilidad directa. Esto plantea preocupaciones sobre posibles abusos legales y la posible aplicación indiscriminada de restricciones a servicios legítimos.
La controversia alrededor de esta iniciativa refleja el creciente debate sobre cómo equilibrar la protección de los derechos de autor con la libertad de expresión y el acceso a información en línea. Mientras algunos defienden la necesidad de proteger la propiedad intelectual, otros advierten sobre los riesgos de una regulación demasiado amplia que pueda socavar la innovación tecnológica y el acceso a la información.
La próxima etapa del proceso legislativo dependerá del análisis y votación del Comité de Justicia, así como de la capacidad de los legisladores para encontrar consenso entre los intereses de los creadores, los proveedores de servicios y los usuarios finales.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: Ars Technica
