Lyft acuerda un acuerdo millonario de 272,5 millones de dólares por mal clasificación de conductores
La empresa de transporte compartido Lyft ha llegado a un acuerdo histórico con el fiscal general de California y los fiscales de tres ciudades para resolver una demanda que acusa a la compañía de haber cometido «robo de salarios» al clasificar a sus conductores como contratistas independientes en lugar de empleados, entre 2016 y 2020. El acuerdo, anunciado el jueves, implica un pago total de 272,5 millones de dólares, según un comunicado oficial.
Esta decisión se enmarca dentro de una acción legal iniciada en mayo de 2020 por el entonces fiscal general Xavier Becerra, quien ahora es candidato demócrata para gobernador de California. En esa época, Becerra demandó tanto a Uber como a Lyft, acusando a ambas empresas de evadir las leyes estatales al declarar que sus conductores no eran empleados. Aunque el caso contra Uber continúa, este acuerdo afecta exclusivamente a Lyft.
El fiscal general Rob Bonta expresó su satisfacción con el acuerdo, al que calificó como el mayor acuerdo por mal clasificación de trabajadores en la historia de California. Bonta destacó que las compañías de transporte compartido han crecido enormemente en los últimos diez años, pero a expensas de los conductores, muchos de ellos pertenecientes a comunidades inmigrantes y minorías étnicas.
Los fiscales municipales de las ciudades de Los Ángeles y otras jurisdicciones estatales respaldaron la posición del fiscal general. La abogada de la ciudad de Los Ángeles, Hydee Feldstein Soto, afirmó que no se tolerará que las empresas exploren a sus trabajadores ni eviten sus responsabilidades legales. Según ella, al clasificar erróneamente a los empleados como contratistas independientes, las compañías privan a los trabajadores de protecciones fundamentales y trasladan parte de la carga fiscal a los contribuyentes.
Desde su surgimiento en la década de 2010, las empresas de transporte compartido han sido objeto de críticas por subpagar y maltratar a sus conductores. La ley estatal utilizada para enfrentar a estas compañías fue la Ley de Asamblea 5 (AB5), que establece un test de tres criterios para determinar si una persona debe ser considerada trabajador o contratista independiente.
En noviembre de 2020, los votantes californianos aprobaron la medida electoral 22, promovida principalmente por Uber y Lyft. Esta nueva legislación exime a las compañías de transporte compartido de aplicar la AB5, razón por la cual el acuerdo solo cubre el periodo comprendido entre 2016 y 2020. Este contexto legal ha generado controversia sobre la legitimidad de las decisiones tomadas por las empresas.
En una declaración dirigida a Ars Technica, el director ejecutivo de Lyft, David Risher, señaló que la mayoría de los conductores de California siempre han deseado mantenerse como contratistas independientes. Risher argumentó que los votantes confirmaron esta preferencia al aprobar la Proposición 22 en 2020, que otorgó nuevos beneficios y protecciones a los conductores mientras mantenía su flexibilidad laboral. Además, aseguró que Lyft ha ido más allá de lo exigido por la propuesta, convirtiéndose en la única empresa de transporte compartido con un límite máximo de tarifas.
Risher también sostuvo que Lyft considera que los conductores han sido correctamente clasificados bajo la ley, y expresó satisfacción por poder cerrar este caso. Sin embargo, críticos señalan que el monto del acuerdo es insignificante comparado con lo que realmente deben recibir los trabajadores. Para ellos, los salarios que se les adeudan podrían haber sido utilizados para pagar alquileres y alimentos en familias vulnerables.
La controversia sigue siendo intensa, ya que muchos defensores de los derechos laborales consideran que el acuerdo no compensa adecuadamente a los conductores afectados. A pesar de la resolución legal, la discusión sobre la naturaleza del trabajo en plataformas digitales continúa, especialmente en contextos donde la autonomía laboral entra en conflicto con la protección social.
Este caso representa un hito importante en la regulación de la economía de las plataformas, y podría influir en futuras decisiones legales relacionadas con la clasificación laboral de trabajadores en sectores emergentes como el transporte compartido y otros servicios digitales.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: Ars Technica