Los centros de datos rurales podrían beneficiarse de una importante exención fiscal federal

Los centros de datos rurales podrían beneficiarse de una importante exención fiscal federal

El 1 de enero próximo entrará en vigor un nuevo incentivo fiscal que podría beneficiar a numerosos proyectos de centros de datos ubicados en zonas rurales, gracias a la recién aprobada Ley Uno Bonita. Esta legislación amplía las ventajas fiscales disponibles para empresas que inviertan en áreas designadas como zonas de oportunidad rural, lo que hace que sea más atractiva la construcción de instalaciones tecnológicas en regiones menos pobladas.

Según un comunicado del presidente del Comité de Vías y Medios, Jason Smith, esta medida puede reducir significativamente las barreras para proyectos de gran escala y alto costo en el campo. «La base económica para construir centros de datos en zonas rurales designadas se vuelve mucho más atractiva con este nuevo programa», señaló Smith, quien destacó que los grandes proveedores de infraestructura digital, conocidos como hyperscalers, podrían ver aumentada su competitividad al invertir en estas ubicaciones.

No obstante, expertos advierten que los efectos sobre las comunidades rurales podrían ser mixtos. Emily Kraschel, analista de políticas fiscales del Instituto Searchlight, señala que actualmente solo se requiere inversión de capital para acceder a los beneficios. «Eso no garantiza necesariamente empleo ni un impulso económico local. En una fábrica tradicional, es más fácil predecir estos impactos, pero con un centro de datos, esa suposición se vuelve menos clara», comentó.

El programa de zonas de oportunidad fue propuesto durante la primera administración Trump por un grupo bipartidista de legisladores. Su objetivo era estimular inversiones en áreas de bajos ingresos mediante exenciones fiscales. La Ley Uno Bonita modificó este sistema para facilitar la participación de empresas en zonas rurales, ampliando así el alcance del programa.

Kraschel y su equipo del Instituto Searchlight han estado investigando cuántos centros de datos en desarrollo podrían calificar para estos incentivos. Utilizaron una base de datos conservadora de menos de 700 proyectos en marcha o planeados, pero otras fuentes indican que hay cerca de 1.500 centros de datos en proceso de construcción en Estados Unidos. Es probable que muchos más proyectos estén ahora elegibles gracias a la nueva normativa.

Además, hay un aumento notable en la tendencia hacia la ubicación de centros de datos en zonas rurales. Según estudios de Pew, mientras solo el 13% de los centros operativos se encuentran en áreas rurales, aproximadamente el 67% de los nuevos proyectos planeados están destinados a estas zonas. Esto sugiere una transformación en la distribución geográfica de la infraestructura tecnológica.

Esta investigación se presenta en medio de creciente oposición a los centros de datos, tanto entre votantes rurales como republicanos. Algunos ciudadanos expresan preocupación por el impacto ambiental, el uso del agua y la falta de empleo local. Sin embargo, los responsables de estas inversiones argumentan que las instalaciones son cruciales para el crecimiento digital y la conectividad en regiones anteriormente marginadas.

La implementación de estas nuevas reglas representa una oportunidad significativa para impulsar el desarrollo económico en zonas rurales, aunque también plantea preguntas sobre cómo se utilizará la inversión y qué tipo de impacto real tendrán en las comunidades locales. Los expertos continúan monitoreando el avance de estos proyectos para evaluar si se cumplen las expectativas de desarrollo sostenible.

En resumen, aunque la nueva ley ofrece incentivos fiscales atractivos, su éxito dependerá en gran medida de cómo las empresas y los gobiernos locales gestionen la integración de estos centros de datos en sus economías regionales. La clave está en asegurar que las ventajas económicas se traduzcan en beneficios reales para los habitantes de estas áreas.

El debate sobre la expansión de centros de datos en zonas rurales sigue activo, con múltiples actores involucrados: inversores, autoridades locales, expertos en política pública y ciudadanos afectados directamente. La próxima década será crucial para observar cómo evoluciona esta dinámica y qué resultados concretos se obtienen en términos de desarrollo económico y social.

Traducción y adaptación por Tecnología 365.

Fuente original: Wired