Juez evalúa si Trump puede cobrar $100 mil por acceso anticipado a publicaciones de Truth Social
Un juez federal podría decidir en las próximas semanas si Donald Trump será el primer ex presidente en obtener beneficios personales a través de la venta de acceso anticipado a información gubernamental contenida en sus publicaciones de redes sociales. La cuestión surge tras una audiencia celebrada el miércoles donde el fiscal civil del Departamento de Justicia, Brantley Mayers, sostuvo que no existe conflicto alguno con la posibilidad de que Trump cobre hasta $100,000 mensuales por acceso inmediato a través de una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) a los contenidos de Truth Social.
Trump es el principal accionista y propietario mayoritario de Trump Media & Technology Group, la empresa matriz que posee Truth Social. El valor de este acceso API se deriva en gran medida del rol de Trump como ex presidente. Sin embargo, organizaciones periodísticas que han demandado al gobierno argumentan que las tarifas excesivas de la API violan la Primera Enmienda y la Ley de Archivos Presidenciales, al crear niveles de acceso desiguales a información gubernamental publicada en redes sociales que técnicamente no le pertenece a Trump.
Además, los demandantes sostienen que estas tarifas también vulneran la Quinta Enmienda, que prohíbe al gobierno cobrar sumas irrazonables que no puedan justificarse para cubrir los costos del beneficio gubernamental, o otorgar acceso preferencial a información crucial por motivos arbitrarios e irracionales.
Mayers comparó las publicaciones de Trump en Truth Social, que han anunciado operaciones militares, ceses de hostilidades, aranceles, políticas migratorias y cambios importantes en su administración, con los famosos discursos nocturnos de Franklin D. Roosevelt conocidos como «charlas de la chimenea». Según el Departamento de Justicia, el feed personal de Trump actúa como un servicio público sin filtro, no como una ganancia desmedida.
No obstante, es evidente que Trump podría generar unos ingresos anuales de hasta $1.2 millones por suscriptor al vender información gubernamental que no es propiedad suya. Antes de que Mayers pudiera continuar con su argumento, el juez federal Paul Oetken lo interrumpió, según informó Courthouse News.
«Bueno, ¿el presidente Roosevelt no cobró dinero por sus charlas de la chimenea, verdad?», preguntó Oetken. En respuesta, Mayers sugirió que aunque Roosevelt no cobraba por sus transmisiones, existían barreras similares de entrada que impedían que todos los estadounidenses pudieran escucharlos. Al igual que algunos medios no pueden pagar entre $60,000 y $100,000 por el acceso a la API de Truth Social, en la década de 1930 y 1940 muchos ciudadanos no podían permitirse un radio, argumentó.
Nikhel Sus, asesor legal principal de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), grupo que representa a los demandantes, dijo a Ars Technica que el juez tenía razón al cuestionar la analogía presentada por el Departamento de Justicia. Durante la audiencia, el juez reconoció que la API de Truth Social podría ser discriminatoria al crear «dos clases de personas», según Courthouse News.
Sus señaló además que el juez comprendió claramente la relación simbiótica entre Trump y Truth Social. Esta relación ha generado preocupación entre defensores de la transparencia, quienes advierten que el modelo podría sentar un peligroso precedente para la libertad de prensa y el acceso a la información pública.
La decisión del juez podría tener implicaciones significativas para el futuro del acceso a datos gubernamentales en plataformas digitales. Si se permite el cobro por acceso anticipado a información oficial, se abriría la puerta a una nueva forma de monetización de la información pública, lo cual podría afectar la equidad en la difusión de noticias y el rol de los medios tradicionales.
El caso está siendo monitoreado de cerca tanto por expertos en derecho como por activistas de la transparencia, ya que podría definir cómo se regula el uso de plataformas sociales como medio de divulgación oficial por parte de figuras públicas.
Traducción y adaptación por Tecnología 365.
Fuente original: Ars Technica
